El Sol de México | Por Alejandro Durán.
En este 2018, las aportaciones a las entidades federativas contarán con una jugosa bolsa de más de 740 mil millones de pesos que tendrá que ser muy vigilada por la autoridad para evitar que sean utilizados para un fin ilícito, sobre todo frente al intenso proceso electoral.
En este sentido, especialistas consideran que México debe redoblar los castigos para los funcionarios que incurran en desvíos de recursos, pues la inhabilitación para ocupar cargos públicos resulta un “rasguño” para quien se llevó millones de pesos del erario.
Kristobal Meléndez, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), advierte que debido al perfil propio de las aportaciones, en el sentido de que regularmente sus recursos son canalizados a la población en general para combatir, por ejemplo, la pobreza o mejorar la educación, son el rubro en donde regularmente ocurren desvíos de recursos en favor de empresas fantasmas o personas que no los necesitan.
(…) “Es un problema de transparencia y de corrupción que no tiene que ver con la distribución de recursos, porque se destinan recursos de ciertos programas, pero se supone que esos recursos deben beneficiar a la población en general, pero hay desvió de recursos y se beneficia a ciertos grupos de personas que no es para el fin para el cual se distribuyeron los recursos, como combatir la pobreza o mejorar las condiciones en general”, comentó.
Por su parte, José Luis de la Cruz, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), coincidió en la necesidad de fortalecer el marco legal para proteger los recursos públicos y agregó la necesidad de emprender una reingeniería del gasto para mejorar su ejecución y alcanzar mejores resultados, sobre todo, ante la carencia recursos que enfrentará el erario en los próximos meses por los bajos ingresos petroleros y la caducidad de la reforma fiscal de 2014. Leer nota completa […]
