El País | David Marcial Pérez.-
En julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció en un encuentro con directivos de la patronal que su objetivo era acelerar la economía mexicana hasta un ritmo medio del 4% anual durante su sexenio. Fue una de sus primeras apariciones públicas como presidente electo y el por entonces futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzua, veía incluso posible alcanzar una velocidad de crucero del 5% en la segunda mitad del mandato. Un objetivo muy exigente que pretendía romper el círculo vicioso que ha mantenido a México desde hace tres décadas con un crecimiento medio inferior al 2,5%, una tasa demasiado baja para enfrentarse a su mayor problema: la pobreza.
Dos años y medio después, entrado ya el tercer año de la sexenio, los datos acumulados de los últimos ocho cuatrimestres arrojan una caída del PIB del 4,3%, los peores dos años desde el mandato en los ochenta de Miguel de la Madrid. La economía mexicana ya había cerrado 2019 con una caída del 0,1%, el primer retroceso en una década. Y en 2020, atravesado por impacto mundial de la pandemia, el hundimiento ha sido del 8,5%, según los datos preliminares publicados este viernes por el INEGI.
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Desplome de la inversión y el consumo
En el plan inicial, la demanda interna era una de las grandes esperanzas. Sin embargo, tanto la inversión como el consumo registran caídas continuadas desde antes del comienzo de la pandemia. Resalta sobre todo, la inversión fija bruta, destinada a la construcción, maquinaria y equipo, uno de los mejores termómetro para medir la salud del tejido productivo. Desde agosto de 2018 ha marcado una linea descendente registrando caídas de hasta 21 meses consecutivos. A pesar de los planes de infraestructura presentados en coordinación entre el sector público y privado, lejos quedan los objetivos del arranque del sexenio de alcanzar un 25% del PIB%.
“Las alianzas para los planes de infraestructura son correctas pero insuficientes. Porque las políticas públicas generan la impresión de que en México no se respetan los contratos y las reglas del juego pueden cambiar en medio de la partida”, señala Carlos Serrano, economista-jefe del BBVA-Bancomer. En la misma línea se pronuncian los analistas del Banco Base, destacando “acciones como la cancelación de la construcción de una planta cervecera en Mexicali, cambios sustanciales al marco regulatorio del sector energético o una campaña en contra de la autonomía del Banco de México y algunos órganos reguladores en materia de competencia”.
El estallido de la pandemia expandió las turbulencias previas para una economía abierta, muy interconectada y que llegó a esta crisis con las defensas bajas. La respuesta del Gobierno ante la sacudida también ha estado rodeada de polémica. Mientras la mayoría de los países no dudaron en poner en marcha ambiciosos planes de estímulo fiscal y apoyo a las empresas, López Obrador se limitó a amarrar bien los subsidios para los más pobres y lanzó un modesto balón de créditos para las empresas más pequeñas y los funcionarios.
“No hubo una identificación de los sectores estratégicos que había que proteger y la incertidumbre ha dañado profundamente al mercado interno”, señala José Luis de la Cruz, encargado de asuntos económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Más de un millón de pequeñas y medianas empresas no han sobrevivido a este 2020, según datos del INEGI. Mientras que la doble subida del salario mínimo, el mayor incremento en 40 años, se ha visto ensombrecido por el golpe al empleo durante la pandemia. La pobreza laboral, la población cuyo salario no le alcanza para adquirir la canasta alimentaria básica, subió hasta el 44%.
De la Cruz prefiere hablar, en todo caso, “de divergencias y no de divorcio con el sector privado”. Desde la patronal celebran los proyectos de infraestructura lanzados conjuntamente con las empresas por valor de 42.000 millones de dólares, pero subrayan la preocupación en el sector energético, donde incluso los congresistas estadounidenses levantaron la voz en octubre para denunciar un supuesto trato regulatorio preferente a las paraestatales -Pemex y CFE-, hasta el extremo de postergar o incluso cancelar totalmente permisos para empresas energéticas estadounidenses. Continuar leyendo […]
