IP rechaza plan de fiscalizar el patrimonio de ciudadanos

Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra; Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex y el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. Fotos: Archivo El Universal

El Universal | Ivette Saldaña, Rubén Migueles y Leonor Flores.

La propuesta de Morena para dar facultades al Inegi a fin de revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas generó el rechazo de cámaras empresariales y analistas, que consideraron inviable el plan porque contraviene la confidencialidad de datos de la población.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, calificó como una aberración el darle esas atribuciones al Inegi.

“Nos oponemos. No queremos un Estado socialista. Estamos de acuerdo en el estado de bienestar, como países escandinavos, en el que haya una distribución de la riqueza que no se concentre en unas manos, pero no llevar al extremo de coartar la libertad de una persona a tener una empresa”. Rechazó el plan de fiscalizar el patrimonio de la población al estilo comunismo soviético por tratarse de una intromisión en el régimen de libertades.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, rechazó el plan de darle esas facultades al Inegi, así como las intenciones de gravar la propiedad, la riqueza y el ingreso.

El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó un plan de bienestar y lucha contra la desigualdad, en el cual se considera el concepto del estado de bienestar, que el Inegi mida la concentración de la riqueza en México, revise la progresividad fiscal, así como que se cree un consejo fiscal y fortalezca a la Comisión Federal de Competencia Económica.

El director General del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), José Luis de la Cruz, dijo que a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se realiza de manera exacta la medición de la riqueza de las personas físicas y morales en el país.

Consideró innecesario que el Inegi asuma esa tarea, pues esa información está reservada para objetivos de recaudación y, por lo tanto, con el marco legal vigente no sería posible que se comparta.

Expuso que “la molestia de esta propuesta es por la percepción de que el Estado busca tener pleno conocimiento de los recursos que existen en la población”. Por ello, opinó que el plan va más allá de la medición y que es probable que tenga más propósitos redistributivos. Continuar leyendo […]

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