El Economista | Camila Ayala Espinosa.
Más allá de que las entidades federativas apliquen una política de austeridad para que no haya un alza en los impuestos locales -como lo recomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes-, se necesita revisar la Ley de Coordinación Fiscal, recomendaron especialistas.
A unos días de comenzar el 2020 los gobiernos estatales aumentaron —y en algunos casos retomaron— el cobro de gravámenes locales. Por ejemplo, Aguascalientes, Baja California, la Ciudad de México, Puebla e incluso Yucatán presentaron modificaciones en el Impuesto Sobre Nómina o el de la Tenencia; en otros, se crearon nuevos impuestos al hospedaje, bebidas alcohólicas y juegos de sorteos, comportamiento derivado de una menor asignación de recursos federales.
Es importante mencionar que las administraciones locales recibirán 1.98 billones de pesos de gasto federalizado, que resulta una caída de 0.1% en términos reales en comparación con el 2019.
Al respecto, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz Gallegos, explicó en qué les afecta a las entidades federativas estos recortes; por ejemplo, hay estados que tienen una parálisis en desarrollo económico, otros dependen en gran parte de la Federación y unos más presentan endeudamientos.
“Muchas de las entidades tienen comprometidos sus gastos por el endeudamiento previo de otros gobiernos, evidentemente eso es un problema; también, el margen que tienen los gobiernos para inversión productiva es muy reducido. Esta aplicación de los impuestos es una obligación; anteriormente, muchos gobiernos estatales dejaron de lado hacerlo por fines políticos”, acentuó. Continuar leyendo […]
