LPO.-
La secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, se mostró extrañada ante la exigencia -acaso reproche- por parte del sector siderúrgico de que se estableciera una estrategia para evitar la imposición de aranceles, pues la funcionaria asegura que ésta existe y que desde febrero están atendiendo este asunto.
El pasado 9 de julio, Estados Unidos amagó con una nueva investigación contra el acero mexicano. Aunque esta vez va en una ruta contrario a la amenaza a la sección 232 -que fue resuelta hace unos meses- o a la amenaza de imponer aranceles a importaciones mexicanas. La investigación se centra en siete empresas de acero estructural habilitado y las señala por recibir subsidios del Gobierno.
Según el Gobierno de Donald Trump, la afectación para este sector estadounidense sería por alrededor de 622 millones de dólares. Bajo la investigación de Comercio están las empresas mexicanas Building Systems, Corey. También se investiga a Acero Technología, Construcciones industriales Tapia, Estructuras Metálicas Popular, a Operadora CICSA, a Preacero Pellizzari México y otros.
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Sin embargo, los industriales aseguran que no existen ningún subsidio para la industria siderúrgica. «En México no hay programa de subsidios, al menos no para el sector del acero», aseguró en diálogo con LPO, José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN.
El experto expuso que, de hecho, «México es de los pocos países que respeta la idea de que en el libre comercio no se admiten subsidios y hasta una de las quejas de algunos sectores productivos es que se ha excedido en los últimos años en no proteger a las empresas mexicanas». Continuar leyendo […]
