Por: José Luis de la Cruz Gallegos | Publicado en Mujeresmás.
Nadie puede aspirar a pensar que posee la verdad absoluta, mucho menos en una nación como México en donde la fragmentación económica, política y social que se vive es producto del proceso histórico del país, una consecuencia de la concentración del poder.
La heterogeneidad económica y social es resultado de la aplicación de una lógica de exclusión a lo que no comparte la postura que emana del poder político.
Para que México alcance una nueva etapa de progreso y desarrollo debe construir las bases de un verdadero diálogo social, que sea incluyente y que realmente solvente las necesidades de toda la población, sin excluir a nadie.
Durante décadas, el diálogo se ha encontrado ausente en la dinámica de la sociedad mexicana. El último siglo ha observado la prescripción y el establecimiento, desde la estructura del poder, de paradigmas y dogmas que se convirtieron en el ideario que condujo la vida diaria de millones de personas.
La lógica emanada de la Revolución Mexicana, y de un Estado que se fortaleció al minimizar a la oposición, no requería de una participación social activa: la institucionalización del país posrevolucionario se tradujo en la construcción de un Estado Corporativo que tuvo la fuerza para generar el crecimiento robusto de 6 por ciento anual observado a lo largo del periodo conocido como el Desarrollo Estabilizador. Sin embargo, y al mismo tiempo, dicho Estado Corporativo no tuvo la capacidad de evitar que la corrupción se infiltrara en su ADN.
A mediados de la década de los años setenta del siglo XX, la fricción del gobierno con los movimientos estudiantiles, obreros, empresariales y provenientes de diversos actores de la sociedad civil había sembrado la inestabilidad que lo condenó. Los reprimió, los descalificó y los cooptó, pero pocas veces los escuchó y atendió. Continuar leyendo […]
