Por: José Luis de la Cruz | Publicada en Expansión.
El presidente López Obrador avanza en la modificación de las estructuras y del marco institucional que considera forman parte de la captura del Estado. Desde el Poder Legislativo, y aun antes de su toma de posesión, el Congreso de la Unión comenzó a operar cambios destinados a alinear el funcionamiento de la administración pública y el margo legal hacia la visión del Poder Ejecutivo. Hasta hoy la oposición política y otros sectores de la sociedad no han logrado mantener el paso del presidente. Parece que todavía no se comprende hasta dónde quiere llegar.
Desde el primero de diciembre ha mostrado su determinación por implementar estrategias que desde su punto de vista pueden contribuir a lo que él ha denominado la «cuarta transformación» de México. Sin lugar a duda, cuatro de sus iniciativas han generado la mayor controversia: la cancelación del aeropuerto del Texcoco , el cierre de los ductos que transportan combustible a zonas neurálgicas del país, la conformación de la Guardia Nacional y la modificación del presupuesto de egresos (lo cual incluyó la disminución en las remuneraciones de los servidores públicos y la confrontación con el Poder Judicial).
Aún es prematuro poder evaluar si sus directrices modificarán el desempeño económico y social de México. No obstante, puede afirmarse que ocupan el primer plano de la opinión pública y que, si bien han causado controversia, el presidente mantiene un amplio margen de apoyo.
Tan solo en el caso del recorte presupuestal, López Obrador decidió poner en la mira de la sociedad a las universidades públicas y al Poder Judicial. En un inicio, y contrario a lo que se esperaba, recortó el presupuesto de las instituciones educativas más importantes de México, y si bien después se retractó, con ello logró el compromiso de los rectores y directores de comenzar a operar un ajuste al interior de sus instituciones. Algo similar ocurrió en el Poder Judicial. Continuar leyendo […]
