Gobiernos estatales, preocupados por posible eliminación del Ramo 23

El Economista | Rodrigo A. Rosales.

Para los gobiernos estatales, el Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas representa un rubro importante en los recursos que recibe de la Federación, por lo que su posible eliminación en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2019 es un tema que les preocupa.

Aunque el estado más intranquilo es Campeche, ya que 11.3% de su gasto federalizado en los primeros 10 meses del 2018 provino de este ramo conocido como la caja negra por la falta de reglas de operación en algunos fondos. Al territorio se agrega la crisis económica que a traviesa por los bajos precios internacionales del petróleo y la disminución de la producción de hidrocarburos.

A la entidad petrolera le siguieron, en nivel de preocupación por el peso del Ramo 23, Baja California Sur (10.5%), Sinaloa, Durango (ambos con 10.1%), Coahuila (9.3%), Colima (8.4%), Yucatán (8.3%) y Guerrero (8.0%), de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A este escenario se suma la dependencia a recursos federales que tienen las entidades del país. Por ejemplo, de los ingresos totales de Guerrero en el 2017, sólo 3.1% fue propio (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos).

En Colima, la proporción fue de 17.4%, en Coahuila de 14.3% y en Sinaloa de 10.1%; los demás estados referidos se ubicaron por debajo de 10.0 por ciento.

Es importante señalar que los ingresos totales de los gobiernos subnacionales se componen del gasto federalizado (80.0% en promedio de contribución), los ingresos propios y los ingresos derivados de financiamiento.

En este sentido, el gasto federalizado son los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios por medio de participaciones, aportaciones, subsidios y convenios.

En el periodo enero-octubre del año en curso, el gasto federalizado ascendió a 1.57 billones de pesos, monto del cual, 45.0% correspondió a participaciones, 37.1% a aportaciones, 7.2% a convenios de descentralización, 6.2% al Ramo 23, 3.9% a recursos para protección social en salud y 0.5% a convenios de reasignación.

Los ramos más importantes son participaciones y aportaciones. El primero, de ejercicio libre, depende del nivel de recaudación, el cual se determina por la actividad económica y petrolera. El segundo solventa prioridades en materia de educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y fortalecimiento financiero.

Según el PEF de este año, el Ramo 23 “es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del gobierno federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades, específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para el cumplimiento del balance presupuestario, el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos, operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios”.

Menor coeficiente

Los estados que resentirían menos la posible eliminación del Ramo 23 serían Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Morelos y Chihuahua, ya que de los recursos federales que recibieron en los primeros 10 meses del 2018, menos de 4.0% derivó de dicho apartado.

Se añade que estos territorios han mostrado dinamismo económico, situación que se reflejaría en mayores participaciones, a la espera de saber el impacto real que tendrá la reducción al comenzar el 2019 del Impuesto al Valor Agregado, a 8%, y del Impuesto sobre la Renta, a 20%, en la frontera norte.

No obstante, las cifras del Ramo 23 varían en el transcurso del ejercicio fiscal. En el PEF 2017 se asignaron 131,865.6 millones de pesos para el ramo, mientras las estadísticas de la SHCP revelan que se ejecutaron 131,820.7 millones. Transparencia Presupuestaria registra que el año pasado los recursos modificados fueron por 387,500.3 millones de pesos, un monto superior en más de 190% en ambos datos.

Asimismo, de los recursos del gasto federalizado que se ubican en el rubro de no distribuible, no existe información de la distribución por entidad federativa, 97.3% refiere al Ramo 23.

Finanzas públicas, en riesgo
Liquidez insuficiente, daño en las finanzas públicas y merma en el desarrollo económico son algunos de los problemas a los que se enfrentarían las entidades federativas ante la eliminación del Ramo 23 en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019, coincidieron especialistas.

José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, explicó que la desaparición del Ramo 23 no es viable porque afectaría la solvencia de algunos estados que en años anteriores no han presentado una positiva recaudación de impuestos y que han tenido fugas de capitales por problemas como la inseguridad, además de casos de corrupción.

“Es evidente que no se podría efectuar una desaparición tal cual, hasta la fecha el Ramo 23 es muy necesario para los estados, tales como Guerrero, Campeche, incluso Michoacán. Ellos no podrían enfrentar necesidades básicas como pago de sueldos, hasta gastos mayores como desarrollo de infraestructura y subsidios”, manifestó. Continuar leyendo […]

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