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La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) presentó la estrategia Hacia una Política Industrial del Futuro, en la cual el sector plantea incluso la creación de un Banco de Desarrollo Industrial. De acuerdo con el texto del documento que se dio a conocer en el marco de la reunión de su Consejo Directivo, los industriales proponen pasar de un crecimiento económico anual promedio de 2.3 por ciento a 5.0 por ciento, mediante el impulso de una mayor competitividad industrial sistémica. También señalan la necesidad de establecer una política industrial de Estado con bases en definiciones, objetivos, normas, políticas, estrategias y recursos encaminadas al fomento, desde la administración pública y hacia el sector industrial del país. Para ello, exhortaron a generar programas de desarrollo industrial a nivel sectorial y regional, así como elevar las compras e inversiones de gobierno con contenido nacional a por lo menos un 50 por ciento en promedio sin contar la parte laboral, e incrementar el contenido nacional de las exportaciones para pasar de 30 a 40 por ciento en los próximo seis años. Asimismo, piden aumentar las capacidades productivas de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y fomentar la creación de compañías proveedoras de insumos intermedios y bienes de capital, a la par de Acelerar las Zonas Económicas Especiales (ZEE) con perfil industrial. También llamaron a lograr un incremento sostenido del salario y crear la Alianza por la Educación Industrial para la Integración Social y el Desarrollo Competitivo de México, y del Instituto de Desarrollo y Transferencia Tecnológica, Innovación e Ingeniería en Manufactura. En materia de financiamiento, proponen la creación de una Banca de Desarrollo Industrial que otorgue viabilidad al padrón de proyectos industriales estratégicos de inversión y para impulsar la transformación de la manufactura local exponen el promover la inversión privada en manufacturas. A la par de lo anterior, los industriales también proponen materializar mejoras regulatorias que se basen en reducir, en seis años, el costo de la carga regulatoria actual de 3.5 por ciento a 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Así como instrumentar una política económica que garantice “suelo parejo” a las empresas mexicanas respecto de los beneficios que contienen las importaciones y maquiladoras.
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