Gregorio Vidal | El Universal.
En días pasados, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó su informe de evaluación correspondiente a 2018. Es un amplio documento que tiene el objetivo expreso de presentar información sobre el nivel de acceso y ejercicio efectivo de los derechos sociales y el desempeño de la administración pública. Sin duda, hay una diversa información que debe ser considerada al elaborar y ejecutar la política económica por parte de la administración federal, el conjunto de los diversos niveles de gobierno y la acción del Poder Legislativo.
Un aspecto clave de la ocupación en el país son las condiciones precarias que caracterizan a amplios grupos sociales. También una gran cantidad de personas recibe ingresos que no permiten cubrir el bienestar mínimo.
De 2005 a 2017, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo a nivel nacional se incrementó, alcanzando 41% al final del cuarto trimestre de 2017. En los años 2006-2007 la cifra era del orden de 32 a 33%. Más grave es que el mayor incremento se observa en la población urbana que no cuenta con un ingreso para cubrir la línea de bienestar mínimo.
En 2006 era inferior a 28% del total urbano y para finales de 2017 es de 36.4%. Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indican que es muy pequeño el grupo de personas que tienen un ingreso mayor a ocho salarios mínimos y que no está creciendo en el total de los ocupados.
Según una publicación del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), el problema mayor de México es la precarización del mercado laboral. Sostiene que de un total de 52.4 millones de personas ocupadas únicamente 531 mil tienen ingresos superiores a 10 salarios mínimos, es decir 1% del total. Los que no reciben ingresos superan en 6.5 veces a los que ganan más de 10 salarios mínimos. Continuar leyendo […]
