Reforma | Opinión Negocios | Raúl Gutiérrez Muguerza
Los recientes acontecimientos electorales en Estados Unidos y el devenir propio de la actividad económica de México validan la visión que desde el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico hemos impulsado: el fortalecimiento de la actividad productiva nacional y de su mercado interno constituye una prioridad si se desea garantizar el crecimiento económico vigoroso y el desarrollo social del País.
Alcanzar niveles superiores de generación de riqueza, así como mejorar la equidad en su distribución, es el único mecanismo sustentable para mantener la estabilidad social de México.
Para ello, la política económica del Gobierno federal debe favorecer el incremento de la inversión privada productiva, la encargada de crear la mayor cantidad de empleo formal y valor agregado en nuestro gran País.
En el IDIC consideramos que una verdadera política industrial constituye la única alternativa capaz de aprovechar las fortalezas existentes en nuestra nación, y al mismo tiempo representa la opción más viable para el desarrollo de nuevos diferenciales productivos capaces de insertar favorablemente a México en la competencia global.
El fomento económico al sector productivo es un elemento que ya se emplea en otros países exitosos y nuestro País no debe desaprovechar la oportunidad de relanzar su economía bajo una nueva estrategia de política pública.
La promoción del desarrollo productivo se encuentra alineada con el marco institucional del País específicamente con lo planteado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo Tercero de la Carta Magna se conceptualiza a «la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo».
Aplicar una política económica de fomento al desarrollo productivo es labor fundamental del Estado Mexicano tal y como se establece en los artículos 25 y 26 de la Constitución. De manera particular el primero de ellos enfatiza que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que
fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. Es momento de dar un nuevo impulso a este precepto.
Además el artículo 25 plantea que en el desarrollo económico concurrirán tanto el sector público como el social y el privado, es decir que existirá una amplia participación de los actores productivos involucrados.
Adicionalmente, la legislación plantea que se alentará el desenvolvimiento del sector privado para lo cual se promoverá la competitividad e implementará una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales.
Con el marco institucional vigente es momento de que la sociedad actúe prepositivamente, México debe retomar la conducción de su desarrollo, no esperar a la llegada de inversiones externas. La Responsabilidad del Porvenir
se encuentra en nuestras manos para ello requerimos la construcción de una Nueva Agenda Nacional de Desarrollo en donde la colaboración de entre el sector privado y público se dé de manera coordinada, con los objetivos estratégicos de desarrollo económico y social. Es por el bien de México. Fuente […]
