El Universal | Por: José Luis de la Cruz.-
El primer trimestre del año terminó y los resultados siguen generando incertidumbre sobre el rumbo que tomará la economía mexicana. El crecimiento correspondiente a enero fue positivo pero igualmente indicativo de que el sistema productivo evoluciona por la inercia que le ha marcado durante las últimas tres décadas.
El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) creció 2.3%, en cifras originales. Básicamente estuvo sustentado en los resultados de la construcción, el sector primario y algunos componentes de los servicios.
Un problema que se puede inferir del comportamiento del IGAE es que el comercio se debilitó, lo cual se encuentra alineado con la expectativa de que el mercado interno no tendrá la misma contribución sobre la economía que en 2015.
Las manufacturas continúan en su senda de desaceleración, la caída de las exportaciones se ha propagado más allá del sector petrolero y ha exacerbado el aumento del déficit comercial.
La industria enfrenta una dura realidad. La minería sigue en recesión y la generación de electricidad, gas y agua también han moderado su desempeño. El propio sector automotriz, aquel que fue publicitado por sus resultados récord, registró una caída de (-) 1.9% durante el primer bimestre del año.
La evolución del sector bursátil es presa de la volatilidad. Durante marzo la bolsa mexicana vivió una tregua que le permitió recuperarse de las pérdidas contabilizadas en enero y febrero. Eso ayudó a la apreciación del peso.
No obstante ello fue producto de la estabilización que se vivió en el sector petrolero, el cual se benefició de la expectativa de un posible acuerdo entre los países productores para limitar los excedentes globales del hidrocarburo. Con el anuncio de Irán respecto a que no reducirá su producción la incertidumbre volverá a los mercados.
A la coyuntura debe agregarse la serie de ajustes que los desequilibrios estructurales han provocado. Se tiene el gasto de gobierno: durante los primeros dos meses del año se registró una caída en la inversión pública, resultado de la estrategia de recorte presupuestal implementada para intentar corregir la presión que el endeudamiento público ejerce sobre las finanzas del gobierno.
La degradación de la calificación sobre Pemex y la deuda del sector público en general por parte de Moody’s representó una nueva señal de que las presiones sobre el gobierno continuarán para que modifique la dirección que tomó en el manejo de su gasto y endeudamiento.
Las restricciones sobre el gasto público aumentarán más allá del 2016. Al recorte de 132 mil millones anunciado para este año se le debe agregar el que se implementará para el 2017. En los conocidos como Precriterios 2016 se planteó un ajuste a la baja por más de 175 mil millones de pesos para el año entrante.
En conjunto ambos recortes representan una contracción en las erogaciones del gobierno superior al 1.5% como proporción del PIB. Lo descrito es aún preliminar ya que los ajustes podrían ser mayores.
La razón es que se ha presupuestado un precio del petróleo de 35 dólares por barril para 2017. Hoy la mezcla mexicana se encuentra más cerca de los 30 dólares y si no hay un acuerdo internacional difícilmente se puede pensar en una recuperación sostenible de los precios de los hidrocarburos.
Un problema adicional es que se tiene proyectado un recorte al gasto público en general, sin embargo el costo financiero de la deuda va en aumento: 462 mil millones y 551 mil millones de pesos en 2016 y 2017 respectivamente, más de 5% del PIB.
La mayor parte de los analistas económicos han incorporado lo anterior a su prospectiva de crecimiento del PIB, así lo muestra la última encuesta del Banco de México.
Para corregir lo anterior se requiere de un entorno que favorezca el aumento de la inversión privada, principalmente la nacional. Ante el retroceso del gasto público solo la inversión privada nacional podrá propiciar la recuperación de la economía. Fuente […]
