Por una vivienda social adecuada: bienestar para todos

Por: Mauricio Millán | Publicado en El Universal.

Una política pública en materia de vivienda va más allá de contar con un techo en dónde vivir. Implica un ejercicio de planeación urbana, de ejecución de instrumentos y de mecanismos orientados a cumplimentar la responsabilidad del Estado mexicano: generar las condiciones suficientes para que la ciudadanía goce del derecho a una vivienda digna y decorosa.

En México, el derecho a la vivienda adecuada está amparado por un marco jurídico nacional e internacional, partiendo del Artículo 4° Constitucional y del Artículo 3° de la Ley de Vivienda.

Adquirir una vivienda se logra principalmente a través de un crédito, un subsidio o la autoproducción. Al respecto, si bien, hay grandes esfuerzos aún por realizar, lo cierto es también que se han logrado grandes resultados en la materia. Tan sólo desde 1972, año en que se funda Infonavit, hasta 2018, se logró otorgar más de 10 millones de créditos. Conavi, por su parte, entregó cerca de un millón de subsidios entre 2013 y 2018, de los cuales dos terceras partes fueron para adquisición de vivienda nueva y el resto para mejoramiento, ampliación, construcción, lotificación, principalmente.

Lo cierto también es que un crédito hipotecario sólo es viable para quienes perciben más de cinco salarios mínimos, por lo que no es sorprendente que los subsidios se hayan centrado en entidades como Nuevo León y Jalisco. Un posible efecto de esto es la autoproducción: datos de la ENVI de 2014 indican que ésta representa 64.2% de la producción de vivienda en el país y se acentúa en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tlaxcala, en donde habita el mayor número de ciudadanos en condiciones de pobreza extrema.

El Coneval estima un rezago habitacional en más de 14 millones de viviendas en el país, y el bajo ingreso familiar es uno de los principales factores asociados. Bajo este contexto y en tiempos institucionales, es en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes sectoriales, especiales y transversales, que la política de vivienda debe concebirse desde un principio de inclusión social, de eficiencia económica y de protección ambiental, así como de la promoción de viviendas asequibles y sostenibles.

La política de vivienda debe ser multidimensional, integral y de largo plazo; además, debe contemplar en su construcción elementos tales como las diferencias y necesidades regionales, la planificación de desarrollo urbano de infraestructura en comunicaciones, la maduración y la diversificación del mercado inmobiliario, la formalidad del mercado laboral, el ordenamiento territorial y la certeza jurídica en la tenencia de la vivienda, la garantía en la transversalidad de acceso a los derechos sociales y, en particular, del adecuado andamiaje institucional de la Sedatu y de los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis): Conavi, Infonavit, Fovissste y Sociedad Hipotecaria Federal. Continuar leyendo […]

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