Por: Mauricio Millán C. | Publicado en El Universal.
Uno de los proyectos prioritarios del actual gobierno de México es que todo el país tenga conexión a internet. La iniciativa es loable y, de resultar efectiva, supone un avance significativo para México en materia de inclusión social y tecnológica. Recordemos que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró en 2011 el acceso a internet como un derecho humano y en 2013 se estableció en México como un derecho constitucional.
La evidencia histórica y estadística muestra que los países menos conectados son los países menos adelantados. El internet universal traería aparejados grandes beneficios, desde la posibilidad de acceder a información y capacitación, como el hecho de ejercer su derecho a libre expresión y comunicación desde lo local hacia el ámbito global, además de un aumento en la competitividad de las localidades, un mayor posicionamiento y desarrollo de actividades económicas como el turismo o cualquier otra vocación productiva con potencial.
No obstante, para que esto resulte positivamente, se requiere de esquemas eficientes de aprovechamiento del internet como una herramienta que incentive la productividad y la eficiencia de los procesos. Esto es, la estrategia es incompleta si no se combina con acciones que incentiven a los usuarios a dar uso al internet para mejorar sus condiciones sociales y económicas. Datos de Inegi muestran que del total de internautas en México, 70.9% utiliza esta herramienta para capacitación y educación, 49.4% para leer periódicos, revistas o libros, 28% para interactuar con el gobierno, 12.9% para operaciones bancarias, 8% para ventas por internet, y 91.4% lo usa para entretenimiento.
El programa “Internet para todos” fue dotado con un presupuesto del orden de 622.8 millones de pesos en 2019, esto es 106.2 millones de pesos (21%) más que lo presupuestado en 2018 a su programa antecesor “México Conectado”. La cifra podría ser insuficiente para tal propósito. Continuar leyendo […]
