El Economista | Rodrigo Rosales.
La preocupación de los gobiernos subnacionales por la incertidumbre, que existe en cuanto a las políticas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre el Ramo 23 y las participaciones, deriva de la dependencia a los recursos federales que presentan los estados y municipios del país.
A esto se suma que en el actual sexenio las estrategias de las administraciones locales por incrementar los ingresos propios fueron, en términos generales, insuficientes.
Uno de los retos del gobierno federal que comenzará su gestión este fin de semana será coordinarse con los ejecutivos estatales para implementar instrumentos que aumenten la capacidad recaudatoria de las entidades.
La incertidumbre proviene de declaraciones del equipo de transición con relación al gasto federalizado —transferencias de recursos federales a estados y municipios—, sin ofrecer información detallada, las cuales resaltan, como posibilidad, la desaparición del Ramo 23, Provisiones salariales y económicas, y la modificación en la fórmula de las participaciones.
Aún no hay pronunciamientos de los demás rubros del gasto federalizado, como los convenios con dependencias o las aportaciones.
El Ramo 23 no cuenta con reglas de operación, por lo que los gobiernos estatales bajan recursos a través de este mecanismo para compensar algún tipo de déficit presupuestal. Mientras las participaciones, del gasto no programable —ejercicio libre—, las usan principalmente como garantía de pago para algún financiamiento; este ramo, junto con las aportaciones, es el más importante del gasto federalizado y su entrega corresponde a niveles de recaudación, población y actividad económica; la queja sobre la fórmula es que no es equitativa.
De acuerdo con los registros administrativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los ingresos totales de todas las entidades del país ascendieron a 2.24 billones de pesos durante el año pasado, monto del cual sólo 15.7% fue por la vía de ingresos propios (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos).
La capital del país fue la entidad que ostentó el porcentaje más alto de ingresos propios sobre totales, con 44.7%; le siguió el Estado de México con un coeficiente de 27.7 por ciento.
Los territorios restantes se ubicaron por debajo de 20.0%, es decir, mostraron mayor dependencia de los recursos federales. Destaca que de los ingresos totales de Veracruz, Tabasco, Morelos Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Chiapas y Guerrero, el peso de los propios fue menor a 6.0 por ciento.
Lo anterior se interpreta como que el rezago económico de la región sur-sureste y algunos estados del centro de México merma la capacidad recaudatoria.
Comparativo
La tarea de hacer más independientes a los gobiernos estatales en el sexenio de Enrique Peña Nieto quedó incompleta. Al comparar la relación ingresos propios/totales del 2012 —antes de que comenzara la administración actual— y del 2017, el aumento del coeficiente fue de apenas 0.02 puntos porcentuales (de 15.67 a 15.69 por ciento).
Sonora fue el estado que más avanzó en la materia, al pasar de 7.7 a 19.1%; el top seis lo completan Guanajuato (de 9.2 a 19.2%), Colima (de 9.1 a 17.4%), Aguascalientes (de 9.0 a 16.4%), Querétaro (de 12.6 a 16.4%) y San Luis Potosí (de 8.9 a 12.6 por ciento).
Esto significa que el dinamismo económico del Bajío en este sexenio derivó en que sus integrantes incrementaran los ingresos propios y, por ende, disminuyera la dependencia de los recursos federales.
Solamente Chihuahua, Chiapas, Campeche, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz exhibieron retrocesos en la relación ingresos propios/totales en el periodo de referencia, situación que manifiesta la brecha económica y social que existe en México.
A pesar de que la zona del Bajío, la capital de la República mexicana y algunos estados de la frontera norte muestran avances en generación de recursos propios, los elevados porcentajes que ostentan los ingresos provenientes de la Federación revelan que todavía es insuficiente.
El reto del próximo gobierno es disminuir la dependencia.
Modificación al Ramo 23 cambiará las finanzas estatales
La eliminación o modificación del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, podría provocar que las entidades federativas presenten a mediano plazo descontrol en sus finanzas, aunque también ayudaría a que proyecten de manera responsable sus gastos, y sean más estrictos con la recaudación de impuestos, coincidieron especialistas.
Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), destacó que los estados por años “han abusado del Ramo 23, ya sea por cuestiones políticas e incluso por corrupción, además planean de manera equivocada los gastos que van a enfrentar y suelen esperar a que los salven los recursos de la Federación”.
“Ante su eliminación o modificación, tendrán que recurrir a un endeudamiento. Los gobiernos estatales, desde que salió la Ley de Disciplina Financiera debieron actuar de manera responsable, debieron tener un mayor control, respaldado por la recaudación, y así lograr tener más ingresos”, dijo.
José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), explicó que la modificación o eliminación de dicho ramo genera un efecto importante sobre las finanzas públicas de los gobiernos, porque en el primer año no podrán hacerle frente a los gastos; sin embargo, con el transcurso del nuevo sexenio federal se volverían más estrictos en el cobro de impuestos. Continuar leyendo […]
