Milenio | Franco Piña.
Ajustar el precio de los combustibles en función de la inflación, como lo pretende hacer la administración de Andrés Manuel López Obrador(AMLO), implica regresar al esquema de subsidios que se tenía en 2016 y, con ello, elevar el riesgo de afectar potencialmente las finanzas públicas del país y la inflación.
Carlos Urzúa, quien llevará las riendas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el gobierno de AMLO, informó en días pasados que la gasolina sí subirá de precio de forma anual, pero solo en términos nominales y acorde con el incremento que registre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con el cual se mide la inflación.
“Creemos que no puede haber movimientos abruptos en el precio de la gasolina. Estamos pensando en incrementarlo cada año por la inflación. En términos reales no aumentarán, pero en términos nominales, sí”, aclaró. Ramses Pech, analista del sector de energía, dice que “controlar el precio de los combustibles es retroceder al esquema de subsidios que se tenía antes”, el cual hubiera costado más de 200,000 millones de pesos (mdp) en 2017 si no se hubiera iniciado el proceso de liberación de precios, según dijo en enero de ese año el presidente Enrique Peña Nieto.
Con este monto, dijo el mandatario, se financian cuatro meses de actividades del Seguro Social, dos años de Prospera y tres del Seguro Popular. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), el precio de las gasolinas está en función del petróleo, el costo de refinación, el almacenamiento, la logística y el tipo de cambio, que son fijados por los mercados internacionales y nacionales. Además, dice Pech, están los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que determina Hacienda.
Fijar el precio en función de la inflación implica dejar de lado los eventuales aumentos de los costos mencionados y generar un hoyo fiscal que puede lacerar las finanzas públicas al no ingresar recursos que podrían ser empleados para otros fines específicos, advirtió el especialista.
“¿Qué queremos? ¿Un mercado abierto o uno ficticio ajeno a la geopolítica energética?”, cuestiona Pech, quien advierte que retroceder al régimen de control de precios podría, además, desincentivar la inversión en petrolíferos, considerando que no producimos el total de la demanda del país y dependemos de las importaciones.
Para Issac Katz, catedrático del ITAM, la medida del nuevo gobierno echaría por la borda la competencia que se abrió entre marcas gasolineras que ya refleja beneficios para el consumidor. Según la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de las 11,735 estaciones de servicio que hay en el país, 2,578 (22%) operan bajo nuevas identidades comerciales. En total son 26 marcas, incluida Pemex, las que compiten por el mercado.
Refinerías, una opción
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), considera que la modernización y construcción de refinerías, eventualmente abaratará los costos de los combustibles, lo cual, si bien no se prevé de manera inmediata, terminará por beneficiar al consumidor mexicano.
En un mes, AMLO dará a conocer su estrategia para modernizar las seis refinerías del país (Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca e Hidalgo), que solo operan a 40% de su capacidad, y construir otras dos, en Campeche y Tabasco, que servirían para procesar petróleo crudo, con un costo unitario de 6,000 millones de dólares (mdd) a erogar en un plazo de tres años. Continuar leyendo […]
