El círculo vicioso del gasto público

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José Luis de la Cruz | El Universal.

La aprobación del presupuesto de egresos para 2018 volvió a cumplir su ciclo político: un debate en el Poder Legislativo que en poco incide ante la propuesta original del Poder Ejecutivo.

En esta ocasión la excepción se generó por la situación de emergencia provocada por los huracanes y sismos que asolaron algunas entidades de la República y lo cual obligó a que se asignaran recursos adicionales para tratar de resarcir los enormes daños que sufrieron la población, empresas e infraestructura pública en estados como Morelos, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México.

La estimación oficial afirma que ello no excede los 50 mil millones de pesos, y de acuerdo con lo aprobado por los legisladores, se tienen recursos suficientes para enfrentarlo.

El uso de los esquemas de papel ampliamente conocidos, como elevar la cotización esperada en el precio del petróleo y la depreciación del peso frente al dólar les otorgaron recursos adicionales en la Ley de Ingresos para poder solventar los gastos excepcionales.

Con una nueva estimación de ingresos y la reasignación realizada en las erogaciones de algunas partidas, los diputados terminaron aprobando un presupuesto que en esencia sigue la misma lógica de lo propuesto por el gobierno federal.

La razón es simple, el órgano legislativo carece de capacidad técnica para hacer propuestas de fondo a los problemas estructurales que enfrenta el gasto público.

El primer reto es la baja eficacia y eficiencia de las erogaciones públicas.

De acuerdo con el Inegi, para el periodo 2004-2016 el valor agregado generado por el sector público en sus tres órdenes de gobierno apenas promedia un crecimiento anual de 0.2%.

En otras palabras, el crecimiento económico de 2.5% alcanzado en los últimos lustros es atribuible a la actividad del sector privado no al gasto de gobierno que, como referencia, en 2018 ejercerá recursos por más de 5 billones de pesos, una cantidad que por sí sola debería propiciar un crecimiento del PIB de por lo menos 2 puntos adicionales al promedio citado.

Nuevamente, en la Cámara de Diputados no se hizo referencia a ello, simplemente porque su análisis gira en torno a cómo se asignan los recursos no a los resultados que se obtienen. Continuar leyendo […]

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