El Universal | Por: Tláloc Puga.
El gobierno no tuvo más remedio que incrementar el gasto para despedir a funcionarios a finales del año pasado, con el objetivo de irse preparando para los tiempos de austeridad.
De acuerdo con el informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, el total de prestaciones que refieren a pagos por antigüedad, finiquitos y liquidaciones sumó 963 millones de pesos al cierre de 2015.
El monto para solventar esos gastos resultó 37% superior al del año pasado, una vez descontada la inflación. En 2014 se erogaron por el mismo concepto 677 millones de pesos.
Para el pago exclusivamente de finiquitos a ex funcionarios, Hacienda reportó un desembolso de 281 millones de pesos el año pasado, ocho veces más que los 35 millones que se tuvieron que otorgar en 2014.
Lo mismo ocurrió con los pagos que el gobierno hizo a servidores públicos para que presentaran su renuncia, los cuales generaron un gasto por 6 millones de pesos a finales de 2015, contra apenas 32 mil pesos erogados 12 meses antes por el mismo motivo.
Derivado de estos pagos, el gobierno no logró mayores reducciones al gasto que hace cada año a las prestaciones de los servidores públicos.
Según los datos de Hacienda, el total de remuneraciones extraordinarias tuvo un repunte de 3.5% en 2015, cuando un año antes lograron reducirse 0.4% en términos reales.
Costo burócrata. El mayor gasto en prestaciones a servidores públicos representa el costo económico por empezar a reducir el aparato burocrático, opinó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
Dijo que la reducción del personal es un proceso gradual que va a tardar más años, por lo que continuará disminuyendo la nómina del sector público e incrementándose el gasto por finiquitos y liquidaciones.
“Es pertinente la reducción del personal, pues es importante que el gobierno tenga un aparato administrativo delgado, pero también garantizar resultados presupuestales”, enfatizó.
El gasto público creció demasiado en años previos ante los ingresos petroleros extraordinarios que se tuvieron y al no ser sostenible, obliga al gobierno a dar marcha atrás al proceso de crecimiento de su nómina, dijo.
En el corto plazo, expuso, el recorte al gasto público no sólo afecta a las personas que se quedaron sin empleo, sino también a las empresas privadas que trabajan para el gobierno. Continuar leyendo […]
